ARQUITECTURA DEL PODEREL TÍTULO DE ABOGADO NO HACE AL LEGISLADOR

Tentación recurrente, peligrosa y antidemocrática

Por Libya Carrillo

La propuesta de reformar la Constitución de Puebla para exigir título y cédula profesional de abogado a quienes aspiren a una diputación nace, sin duda, de la legítima indignación que han provocado los despropósitos públicos de dos diputadas.

A una de ellas debieron sancionarla desde aquel comentario sobre una mujer asesinada en una clínica. Cuando menos, pudieron haberla instruido.

Pero una cosa es sancionar conductas inaceptables y otra modificar la Constitución para impedir que ciudadanos sin título de abogado puedan ser representantes populares.

En una democracia real no se legisla desde el berrinche, la ocurrencia o la conveniencia de unos cuantos. Tampoco se diseñan instituciones a la medida del último escándalo viral.

El absurdo tiene piernas largas.

Tendríamos entonces que preguntarnos: ¿quiénes son lo bastante dignos, ilustrados o preparados para dignarse a representar al resto?

Y eso no se llama democracia. Se llama elitismo. Y, en su versión jurídica, corporativismo de bufete.

Un Congreso no es una facultad de Derecho

La función de un legislador no se reduce a saberse de memoria el articulado ni a redactar iniciativas en términos legaloides. Para eso existen especialistas y cuerpos técnicos dentro del Congreso, que sí deben estar integrados por abogados, administradores publicos y politólogos.

El legislador debe representar intereses sociales diversos, deliberar, negociar, fiscalizar al Ejecutivo, tejer acuerdos y transformar demandas ciudadanas en decisiones públicas. Para ello hacen falta conocimientos jurídicos, económicos, sociales, ambientales, educativos, laborales, culturales, territoriales y un largo etcétera.

Un maestro sabe de educación lo que ningún jurista aprende solamente en los libros. Un médico conoce las necesidades del sistema de salud. Un campesino entiende el campo con una precisión que ningún tratado sustituye. Un ingeniero aporta una visión indispensable sobre infraestructura. Un trabajador puede llevar al hemiciclo la perspectiva de la precariedad laboral.

Y así podríamos continuar profesión por profesión.

La pluralidad no es un defecto del Congreso. Es su razón de ser.

Pretender que un diputado tenga que ser abogado porque legisla es tan absurdo como exigir que un piloto sea mecánico porque vuela un avión.

Si las iniciativas adolecen de calidad técnica, la solución es fortalecer las estructuras jurídicas y profesionales del Congreso, no convertir el título universitario en un salvoconducto para la representación popular.

Un diploma tampoco certifica la ética

Supongamos un Congreso compuesto íntegramente por abogados y abogadas.

¿Tendríamos automáticamente mejores legisladores?

No.

Un título acredita determinados estudios y conocimientos —en el mejor de los casos—. No acredita honestidad, empatía, prudencia, sensibilidad social ni vocación de servicio.

Tampoco garantiza que un abogado no sea corrupto, autoritario, misógino, discriminatorio, abusivo o incapaz de comprender la responsabilidad que implica ejercer un cargo público.

La universidad entrega conocimientos; la ética no viene impresa en la cédula profesional.

Si el problema es la conducta de una legisladora, la respuesta debe buscarse en la responsabilidad política, la disciplina partidista, la ética parlamentaria, la transparencia y la rendición de cuentas.

No en cerrarle la puerta a todo aquel que no haya pisado una facultad de Derecho.

El peligro de convertir la indignación en Constitución

Las constituciones se diseñan para generaciones, no para apagar incendios mediáticos de una semana.

Por eso resulta particularmente patético —y revelador— que en el debate público se haya bautizado esta ocurrencia como “Ley Salvatori” o “Ley anti-Salvatori”.

Bautizar una reforma constitucional con el apellido de una diputada, por polémica que sea, no dignifica la norma. Al contrario: parece un premio para quien se pretende sancionar y empequeñece la propia propuesta.

Parece más un reality show que un ejercicio serio de ingeniería constitucional.

Detrás de la propuesta subyace, quizá sin que sus promotores lo adviertan, una idea preocupante: que quienes poseen estudios superiores están, por ese solo hecho, mejor capacitados para gobernar que quienes no los tienen.

Eso conduce a una forma de epistocracia: reservar el poder político a quienes acrediten determinado conocimiento o credencial, una élite.

La democracia, en cambio, promete algo mucho más valioso: que el poder no pertenece a una élite predeterminada y que los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan.

Platón soñó con filósofos-reyes; nosotros deberíamos aspirar a políticos responsables.

El problema no solo es quién llega, sino cómo llegó y qué hace.

Si una persona llega al Congreso sin preparación, preguntémonos primero quién la postuló.

Si llega alguien sin criterio, revisemos quién decidió que era una buena candidato(a).

Si incurre en expresiones ofensivas o discriminatorias, exijamos mecanismos para hacerles responsables.

Si utiliza el cargo para generar espectáculo en lugar de legislar, la ciudadanía debe poder evaluarla y los partidos asumir el costo político de haberle llevado a la boleta.

Ahí está el verdadero debate.

Decir “es que no tiene título de abogado” es la salida fácil. Convierte un problema complejo —de selección política, cultura cívica, responsabilidad partidista y calidad democrática— en una solución administrativa simple.

Y las soluciones simples, cuando se escriben en una Constitución, suelen ser las más peligrosas.

La discusión debería apuntar a otro lado: ¿cómo logramos que los partidos postulen mejores perfiles? ¿Cómo evitamos que una candidatura dependa de la popularidad, las cuotas, el compadrazgo o la capacidad para generar polémica? ¿Cómo aseguramos que quienes aspiren a una diputación conozcan la Constitución, los procedimientos legislativos y las obligaciones del servicio público?

Esas son las preguntas incómodas y difíciles.

Exigir una cédula es, en comparación, una respuesta cómoda y perezosa.

Porque la democracia necesita ciudadanos capaces de representar a otros ciudadanos.

Un título no demuestra que alguien sepa escuchar, que tenga criterio o que posea principios. Mucho menos demuestra que entienda que una diputación no es un escenario, ni una plataforma de fama, ni un premio de consolación.

Es una responsabilidad pública.

El verdadero fracaso de un Congreso comienza cuando alguien entra con título, fuero, poder y recursos públicos y, aun así, olvida para qué fue elegido.

Porque, al final, el título de abogado no hace al legislador.

Lo hace —o lo deshace— la responsabilidad con la que ejerce la representación