ARQUITECTURA DEL PODERGILEAD NO ESTÁ AQUÍ, PERO LA DISTOPÍA PUEDE PREDECIR REALIDADES“VOTO POR FAMILIA Y NO INDIVIDUAL”: NO ES BROMA

Por Libya M. Carrillo R.

Quizá el mayor error de nuestro tiempo sea convertir cualquier discrepancia en una batalla existencial.

Hay algo inquietante en los debates contemporáneos sobre los derechos humanos: por primera vez en décadas, la discusión ya no gira únicamente en torno a cómo ampliarlos y protegerlos, sino sobre si algunos de ellos deberían replantearse, limitarse o desaparecer.

En distintos países han surgido movimientos políticos y culturales que reivindican a la familia tradicional no solo como lo deseable, sino como eje ordenador de la vida social, económica y política. Organizaciones como Heritage Foundation, Family Research Council o Eagle Forum, así como determinados sectores del nuevo conservadurismo estadounidense, impulsan la idea de que sea el eje ordenador de la vida pública, más allá del ámbito privado.

La discusión ya no versa únicamente sobre valores personales, sino sobre la posibilidad de que estructuras domésticas recuperen influencia en la definición de la ciudadanía y los derechos individuales. La pregunta, por tanto, no es si la familia debe ser protegida —porque toda sociedad debe protegerla—, sino hasta dónde puede convertirse en fundamento de representación política, sin alterar la arquitectura construida sobre el individuo como sujeto de derechos.

En Estados Unidos, por ejemplo, algunos sectores intelectuales conservadores han retomado la idea del family voting o voto familiar, bajo el argumento de que la familia, y no el individuo, debería constituir la unidad política fundamental. Aunque la propuesta carece hoy de viabilidad institucional y no forma parte del sistema electoral está creciendo de la mano de teólogos evangélicos principalmente, y revela una discusión más profunda: la tensión entre la autonomía individual y las estructuras tradicionales de autoridad.

La pregunta es inevitable: ¿pueden los derechos retroceder?

La literatura ya había planteado esa terriblr inquietud mucho antes que la política. Ejemplos hay muchísimos, pero en esta ocasión un ejemplo específico para esta situación, que muchos pueden conocer, es ‘El cuento de la criada’, obra escrita por Margaret Atwood,—prohibida en las bibliotecas de EU y Canadá por considerarse violenta y explícita—.

La autora imaginó la República de Gilead, una sociedad donde las mujeres, los niños y y hasta cierto punto los hombres, pierden derechos políticos, económicos y civiles en nombre de la moral, la religión en pro de la supuesta supervivencia colectiva ideal. La propia autora ha explicado que nada de lo narrado fue completamente inventado; cada práctica descrita tuvo algún antecedente histórico real.

Quizá una de las lecciones de esa obra no consiste en afirmar que toda sociedad contemporánea se dirige hacia ese destino, sino recordar que ninguna conquista democrática es irreversible y debemos estar alertas para que no ocurra.

Sin embargo, existe otro aspecto que merece una reflexión más profunda: la relación entre la familia y el poder político.

La familia pertenece fundamentalmente al ámbito privado. Es una institución social y moral que el Estado protege, pero que no constituye el fundamento de la representación política, más allá de la identidad.

La ciudadanía moderna reconoce en el individuo derechos inherentes como ser humano. Y sustituyó al linaje (apellido-legalidad), la propiedad (régimen señorial) y la autoridad tradicional (rey), como sujeto de derechos.

Durante siglos, el jefe del hogar representaba políticamente a mujeres, hijos y dependientes, bajo la premisa de que la familia conformaba una unidad indivisible, en la que no habįa cabida para personas nacidas fuera del esquema o mujeres solas, por ejemplo.

Por ello, las propuestas contemporáneas de voto familiar representan, en términos politológicos, un retroceso al desplazar el sujeto de la democracia liberal: del individuo hacia la comunidad doméstica.

Un debate altamente discutido y solventado en la antigua Grecia.

La filósofa Hannah Arendt comprendió la importancia de esta distinción. En ‘La condición humana’, retomó la antigua separación entre el oikos y la polis: el hogar como espacio de la necesidad, la reproducción y la autoridad privada; la esfera pública como el lugar de la libertad, la deliberación y la igualdad entre ciudadanos.

Para Arendt, la política comienza cuando los individuos comparecen ante los demás como iguales, no como miembros subordinados de una estructura familiar. La modernidad democrática heredó ese principio fundamental: el ciudadano existe por sí mismo, no como extensión de la voluntad doméstica.

La cuestión, entonces, no es si la familia tradicional merece protección —sin duda la merece—, sino qué ocurre cuando las relaciones privadas de autoridad se proyectan hacia la esfera pública y pretenden convertirse en la base misma de la representación política.

El cambio no es menor.

Significa trasladar al espacio público jerarquías que históricamente pertenecían al ámbito privado y replantear uno de los pilares esenciales del constitucionalismo moderno: una persona, un voto.

Paradójicamente, la distopía de Atwood no destruye la familia; la politiza por completo. En Gilead, la maternidad deja de ser una elección para convertirse en una función estatal, y la identidad de las mujeres queda subordinada a un proyecto colectivo definido desde el poder. La frontera entre lo privado y lo público desaparece, y con ella la autonomía individual.

Y hay que ser claros, quizá el péndulo se fue demasiado lejos, desde el punto de vista de algunos. Pero defender los derechos de las mujeres tampoco implica asumir acríticamente todas las expresiones contemporáneas de la llamada cultura Woke.

La conquista de los derechos de las mujeres y de los derechos civiles, en especial con el sufragio femenino y de personas que durante siglos fueron sometidas, reconoce en cada individuo la voluntad política propia e intransferible que posee.

Y, dejemos de confundirnos. Feminismo e igualdad de género no son lo mismo.

El feminismo es un movimiento social que constituye una construcción intelectual diversa, con corrientes liberales, republicanas, socialistas y comunitarias, entre muchas otras.

La igualdad de género, en cambio, es un principio jurídico que puede sostenerse desde el constitucionalismo, los derechos humanos o el liberalismo clásico, incluso por quienes no se identifican como feministas.

La confusión entre ambos conceptos ha alimentado una polarización artificial e hipócrita: quienes cuestionan ciertos excesos del activismo identitario son presentados como enemigos de los derechos de las mujeres, mientras que quienes reivindican valores tradicionales aparecen inevitablemente asociados al autoritarismo patriarcal.

La realidad es más compleja.

Existe un feminismo crítico que defiende la igualdad jurídica y la autonomía femenina, pero que también cuestiona la cultura de la cancelación, la fragmentación identitaria y la sustitución del debate racional por consignas ideológicas. Del mismo modo, existen sectores conservadores que defienden la familia tradicional sin pretender la supresión de derechos políticos fundamentales.

El verdadero desafío consiste en construir un equilibrio constitucional que preserve las libertades individuales, sin convertir ninguna visión moral en una verdad oficial.

Las posiciones absolutas dominan la discusión pública.

George Orwell advirtió sobre el control político absoluto; Aldous Huxley sobre la dominación mediante el placer y el consumo; Margaret Atwood sobre la subordinación de las mujeres y de la sociedad en nombre de supuestos valores. Todas esas advertencias tienen algo en común: la libertad es frágil y las fronteras entre lo privado y lo público nunca están definitivamente aseguradas