EL DERECHO A CERRAR

ARQUITECTURA DEL PODER

Por Libya M. Carrillo R

El caso Colosio ya no sólo pertenece a la justicia o a la memoria: también al poder y al mercado. Y ninguno tiene incentivos para soltarlo.

(Desde mi libreta)

Hay historias que el poder no quiere cerrar. No porque falte verdad, sino porque sobran incentivos para mantenerlas abiertas.

El caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta es uno de ellos. A lo largo de tres décadas, no sólo ha sido objeto de investigaciones, teorías y reaperturas institucionales, sino también de un uso político constante… y más recientemente, de una explotación comercial cada vez más evidente.

Series, documentales, reconstrucciones dramatizadas: el magnicidio se ha convertido en contenido.

En ese contexto, la solicitud de Luis Donaldo Colosio Riojas para indultar a Mario Aburto Martínez —planteada primero ante Andrés Manuel López Obrador y reiterada ahora a Claudia Sheinbaum— deja de ser un asunto familiar y se convierte en una pregunta de interés público: ¿Tiene límites la reutilización de una tragedia nacional?

El argumento de Colosio Riojas no gira en torno a la inocencia o culpabilidad.

Tampoco es una defensa del olvido.

Es, más bien, una impugnación a la forma en que el caso ha sido administrado: como narrativa política, como símbolo electoral… y ahora como producto.

Y ahí es donde el debate se vuelve ético.

Porque una cosa es la memoria histórica y otra su explotación. Una cosa es el derecho a saber y otra el incentivo permanente a reabrir heridas cuando generan rentabilidad —política, mediática o económica—.

En ese sentido, el caso Colosio se encuentra atrapado en un ciclo perverso: no se cierra porque no se resuelve del todo,

pero tampoco se resuelve porque sigue siendo útil abierto.

El Estado lo reactiva cuando necesita legitimidad o control del relato, así como expresidentes y otros políticos.

El mercado lo retoma cuando encuentra audiencia.

Y en medio queda una sociedad que consume versiones, hipótesis y dramatizaciones sin que necesariamente se acerque a la verdad.

Por eso, el planteamiento de fondo no es el indulto en sí mismo.

Es si existe un derecho colectivo a cerrar ciertos capítulos cuando su permanencia ya no aporta justicia, sino reproducción del trauma.

Negar ese cierre bajo el argumento de que “falta verdad” sería impecable… si hubiera una ruta clara para alcanzarla. Pero después de treinta y dos años, la pregunta es incómoda: ¿se busca realmente la verdad o se administra su ausencia?

Aceptar el cierre tampoco es sencillo.

Implica renunciar a una narrativa que ha sido funcional durante décadas. Implica, incluso, reconocer los límites del propio Estado.

Pero quizá lo más relevante es esto:

en una democracia, la memoria no debería ser rehén ni del poder ni del mercado.

El riesgo de no cerrar no es sólo histórico. Es profundamente actual. Porque normaliza la idea de que cualquier tragedia —por más grave que sea— puede reciclarse indefinidamente mientras siga generando utilidad.

Y eso no es justicia.

Es administración del dolor.